¿Podría describirnos qué ha significado para usted, en lo personal y profesional, haber estudiado la carrera de Derecho?
Un necesario punto de partida para poder dimensionar el significado en mi vida personal y profesional del estudio de la carrera de Derecho, es explicar el origen de mi inspiración para cursarla. En Samaná surgió mi motivación y mi inclinación por el Derecho y, de manera particular, por las ramas del derecho público y el derecho constitucional. Recuerdo que despegando de la niñez, me preguntaban: ¿qué vas a estudiar cuando seas grande? Y respondía: derecho internacional en Francia, un sueño de niño que se hizo realidad, gracias a una beca del gobierno francés y al Programa de Superación de Profesores de la PUCMM.
Ese balbuceo vocacional acaparó la mente de un joven imberbe, seducido por cuestiones tan novedosas -en ese entonces- como la función social de la propiedad; la nación dominicana fundamentada principalmente en el trabajo; la plusvalía, la igualdad de todos los hijos ante la ley; la consagración de la carrera judicial, la inamovilidad de los jueces y la declaratoria de la Bahía de Samaná como zona de turismo.
Todo esto se fortaleció cuando escuchaba fascinado por la radio, el desarrollo del juicio a los asesinos materiales de Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, y todavía más cuando leía con fruición la reseña en el matutino El Caribe, de los debates legislativos que alumbraron nuestra primera Constitución social, el 29 de abril de 1963. La puesta en vigencia, nuevamente, de esa Carta Magna estuvo en la raíz de la más hermosa revolución de América: la revolución constitucionalista del 24 de abril de 1965, convertida en Guerra Patria por el desembarco de tropas extranjeras que pretendieron mancillar el suelo quisqueyano y quebrar la voluntad democrática y nacionalista de nuestro glorioso pueblo. Así, pues, se forjó poco a poco mi amor por la Constitución, biblia institucional del país.
En ese hilo conductor, a mi llegada a Santiago de los Caballeros, en la Madre y Maestra, en el primer año de la carrera de Derecho, me deleité en la asignatura Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, con las inspiradas cátedras del eminente jurista, magistrado y culto académico, licenciado Joaquín Álvarez Perelló, quien utilizaba de texto referencial la obra en francés del profesor Marcel Prelot: Institutions politiques et droit constitutionnel y, posteriormente, con las cátedras del ilustrado e íntegro magistrado y abogado, doctor Joaquín Ricardo Balaguer.
A unos dos meses de graduado, en 1970, fui contratado como profesor por la Universidad Católica Madre y Maestra (hoy Pontificia), lo que constituyó un privilegio enorme porque me convirtió en joven e inexperto colega de mis insignes profesores, como el licenciado Porfirio Veras Toribio –Don Lilo-, Flavio Darío Espinal Hued, Artagnan Pérez Méndez, Jesús Hernández, Juan Jorge García, Miguel Olavarrieta, Octavio Portela, Darío Bencosme, Luis Bircan Rojas, Rafael Reyes Martínez, Federico Carlos Álvarez hijo, Nicomedes De León, Joaquín Hernández, entre otros.
En el primer año impartí docencia en Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, así como en Derecho Administrativo. En esa condición, y representando la entonces facultad de Derecho de la UCAMAIMA, el 23 de enero de 1971, propuse la creación de un Tribunal de Garantías Constitucionales, en la villa de Salvaleón de Higüey, en un Seminario sobre Derechos Humanos organizado por la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia del Episcopado y por el Obispado de Higüey. Esta idea fue calurosamente respaldada por destacadas personalidades del derecho dominicano, como el licenciado Rafael F. Bonnelly, Ramón Pina Acevedo, Manuel Ramón Morel Cerda. Se destaca la histórica comunicación que dirigió el ex presidente del Consejo de Estado y antiguo profesor de Derecho Constitucional, licenciado Rafael Bonnelly al presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, reclamando con firme criterio jurídico, la creación de la referida instancia constitucional.
En esa época, enseñar Derecho Constitucional en las aulas, dado el desfavorable entorno político e institucional, era un reto extraordinario. Mis cátedras se convertían indirectamente en explosivas arengas por un Estado de derecho y muchas veces pensé que al otro día quizás no estaría de nuevo en ellas, no porque existiese limitación en la robusta libertad de cátedras de la UCAMAIMA, sino por la represión y la intolerancia reinantes.
Transcurridos dos años y meses, partí hacia Francia con beca del gobierno francés, a realizar estudios doctorales en derecho público, en la Universidad de Niza. El núcleo duro de esa formación eran el derecho constitucional, internacional público y derecho administrativo.
La experiencia francesa fue decisiva en mi vinculación al derecho constitucional, las enseñanzas del decano Paul Isoart, la doctrina del inolvidable maestro Maurice Duverger, Georges Burdeau, Marcel Prelot y Carre de Malberg, me marcaron profundamente. En Francia estudié el primer curso de Derecho Constitucional impartido en la Universidad de ParÍs por el profesor Pellegrino Rossi. La creación de la cátedra obligatoria fue obra del ministro François Guizot, amigo del profesor Rossi, quien convenció al Rey Louis Philippe de Francia con argumentos como el siguiente: la enseñanza del derecho constitucional ha sido como tierra abandonada al ser temida, pero hoy día habiendo adquirido un carácter científico no habrá consecuencias extremas que deban temerse ni misterios que deban ocultarse. En otras palabras, continuaba Guizot, …un curso de derecho constitucional no incitará la revolución, no inflamará las pasiones al extremo de provocar la revuelta o la insurrección. Es conveniente educar las élites del mañana y la enseñanza del derecho debe ser completa y sin tabú.
Ese temor al estudio del derecho constitucional llevó al amigo desaparecido profesor Jean Gicquel a exclamar: “el derecho constitucional huele a pólvora”. De regreso nuevamente al país, me dediqué a la cátedra, a la vida pública y universitaria. Esta última la ejercí también en el recinto Santo Tomas de Aquino de la PUCMM, donde estuve durante largos años, como director del departamento de Ciencias Jurídica y como catedrático de derecho constitucional y administrativo.
He de reconocer que Juan Pablo Duarte siempre ha sido un inspirador de mis actos. Recuerdo una expresión de Duarte colocada en la Biblioteca J. Armando Bermúdez de la UCMM, Santiago, que rezaba: Aprovechemos el tiempo, lo que se convirtió en impulso vital de todos mis pasos, para decidir ser un profesional de calidad, y no del montón, que contribuyera a hacer una sociedad más justa y más humana como fue el deseo de Juan Pablo Duarte, desde la fundación de la República. Para mí, esa vida profesional se superpone a las aspiraciones puramente particulares.
A pesar de que mi vida profesional como abogado ha basculado en interregnos entre el sector privado y el sector público, no existe mayor satisfacción y privilegio que el servicio a la patria. Puedo decir que es mi formación profesional lo que ha viabilizado la participación en cuatro de las principales reformas que se han producido en el país en el último siglo: 1. La reforma del Código de Trabajo instituido mediante la Ley núm. 16-92 del 29 de mayo de 1992, que derogó el Código Trujillo del Trabajo de 1951, junto a los ilustres iuslaboralistas Lupo Hernández Rueda y Rafael Alburquerque; 2. La reforma constitucional del 14 de agosto de 1994, fruto de la crisis política poselectoral, seguida a las elecciones del 16 de mayo del referido año y la Comisión Redactora de la misma estuvo integrada por el doctor Pedro Romero Confesor, Emmanuel Esquea Guerrero y este servidor; 3. La reforma legislativa que nos dotó de la Ley núm. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, antes mencionada, dirigiendo la instalación del sistema y poniendo en funcionamiento sus estructuras; y, 4. La reforma constitucional del 26 de enero de 2010 que nos dotó de la Constitución más avanzada de América, al decir del maestro y amigo Diego López Garrido y de notables juristas españoles.
Después de toda esa travesía, Dios y el Consejo Nacional de la Magistratura me llevaron a la alta responsabilidad que hoy en día ocupo como presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
La extensión de esta respuesta puede, en alguna medida, ilustrarles que la carrera de Derecho ha sido, es y será motor de mi vida pública y privada.
¿Cómo ha incidido en su vida la PUCMM?
Además de lo que directa o indirectamente he abordado sobre este asunto en mi respuesta a la pregunta anterior, puedo aseverar que nunca me he separado -y jamás querré hacerlo- de mi amada alma mater, sobre todo, en la función que como docente abracé desde la edad de 22 años, pues soy un apasionado amante de las aulas durante toda mi vida.
Ingresé en el año 1965 a la Madre y Maestra atraído desde la paradisíaca Samaná por la promesa de un nuevo estilo universitario en una universidad católica en desarrollo, para el desarrollo, sustentada en el humanismo cristiano y en la verdad y la ciencia. Fue un acto de fe decidirme por la primera universidad de naturaleza privada y católica que avizoraba nuevos horizontes, anunciaba nuevas carreras y una dimensión diferente para las conocidas, como eran los casos de Educación y Derecho. El entusiasmo contagiaba. Descubrí un campus colmado de gente laboriosa, solidaria, amistosa, tocada por los ideales de libertad y anclada desde la independencia en el patriotismo y la dominicanidad. La vida universitaria, las residencias, el centro de estudiantes, las instalaciones deportivas y laboratorios, era fascinante.
En la época, al inicio de cada año se realizaban las novatadas, que servían para acoger a las y los nuevos estudiantes con diversas actividades de pintorescos matices. Todo esto, en medio de una sociedad en ebullición salida de la Revolución Constitucionalista de abril de 1965 y de la Batalla del Hotel Matum, en diciembre de ese mismo año. En esos años disfruté del inmenso privilegio de profesores de unas cualidades extraordinarias. Eran verdaderos ejemplos de conocimiento y probidad. Esto era válido para todas las carreras y se forjaron los llamados profesores a tiempo completo, de dedicación exclusiva a la academia. La vida universitaria transcurría con innovaciones, debates, la creación de la tuna universitaria, dirigida por Juan Ferrand, samanense, el coro -del cual formé parte- dirigido por doña Margarita Luna de Espaillat, grupos de teatro, el periódico estudiantil «Adelante», equipos deportivos. Así transcurrieron mis años universitarios. En la UCMM se cultivaba -práctica que no ha mermado- la fe en el acontecer universitario y en las jornadas espirituales, en ese entonces, de la Acción Católica Universitaria realizadas en «cara al viento», camino a Jarabacoa.
Ser egresado de la PUCMM colma de pleno orgullo mis venas y arterias, por sentirme parte de una institución que, por su esencia, y por la labor impulsada por el misionero del diálogo, monseñor Agripino Núñez Collado, rector de esta Universidad por 44 años, ha desempeñado un papel de liderazgo y ha contribuido notablemente al fomento de una cultura de paz y de diálogo en momentos cruciales de la historia política, social y económica del país.
Me siento un digno hijo de esta casa de altos estudios, que ha aportado al país más de 95,000 graduandos, distinguidos por su capacidad y laboriosidad. Como muestra del impacto de sus egresados, en el año de 1978 se hablaba de que el gobierno del presidente Antonio Guzmán Fernández, era el gobierno de la Madre y Maestra, porque muchos de sus profesores y servidores ingresaron al servicio público laborando en una administración que liberó a los presos políticos, permitió el regreso de los exiliados y despolitizó a las fuerzas armadas, iniciando un período democrático sin precedentes. Desde entonces los egresados de la Madre y Maestra se han destacado en múltiples funciones públicas y privadas y son reconocidos por su sólida formación, sentido de responsabilidad y compromiso social.
Muestra tangible de esto es que 7 de los 13 integrantes actuales del Tribunal Constitucional son egresados de esta Universidad. Me refiero a los magistrados Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Domingo Gil, Miguel Valera Montero, Manuel Ulises Bonnelly, las magistradas María del Carmen Santana de Cabrera, Alba Luisa Beard y este servidor. Esto sin desdeñar el caso de otras tantas personalidades que ocupan posiciones trascendentales en beneficio del desarrollo del país.
¿Pudiera contarnos un poco sobre cómo fue su relación con monseñor Agripino y, si es posible, alguna vivencia con monseñor que quisiera compartir?
Monseñor Agripino Núñez Collado fue uno de los responsables de que estudiase en la UCMM -hoy Pontificia-. Recuerdo que en la visita de autoridades, docentes y estudiantes de la UCMM a Samaná, en el 1965, lo recibimos bajo la jefatura del párroco Enrique Potvin, en el Centro Mater et Magister. Monseñor fue el gran motivador del encuentro y, de nuestro grupo, marchamos a Santiago, cuatro bachilleres ilusionados por la joven universidad que tantos frutos daría al país. Desde mi llegada a Santiago, cultivé con monseñor Agripino una gran amistad. La militancia en la Acción Católica Universitaria (ACUS) fue un vehículo de permanente comunicación con monseñor (“el cura”, como le decía el inolvidable Ramón García Gómez -Wacal-). Agripino era vicerrector y mantenía constante relación con los estudiantes. Además, monseñor Polanco Brito, Rafael Herrera y Víctor Espaillat -y muchos otros- veían en él prometedoras condiciones de gerente que con los años se revelaron como exitosa realidad.
Recuerdo que mi título de licenciado en Derecho, summa cum laude, me fue entregado en su primera ceremonia de graduación, ya siendo rector, el día 27 de junio de 1970. Celebrada en un espacioso parqueo del bucólico campus universitario de Santiago.
El rectorado de monseñor Agripino Núñez Collado ha sido sinónimo de éxitos para la educación superior del país y el elevado posicionamiento de la PUCMM, no sólo internamente, sino en el extranjero.
La historia de la PUCMM no se puede escribir sin las páginas de oro logradas en la educación superior dominicana, gracias a su liderazgo y a sus excelentes cualidades gerenciales. La PUCMM fue pionera en aspectos tan importantes como el profesorado a tiempo completo, programa de superación del profesorado -del cual resulté beneficiario-, la incursión en las carreras: Ingeniería Ilectromecánica, ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Trabajo Social y Enfermería Universitaria.
Agripino fue hombre de cultura ecuménica, lector voraz, increíble capacidad de trabajo y perseverancia, amigo sincero, buen recaudador y excelente administrador.
¿Qué consejos daría a los docentes y/o futuros docentes para que logren con éxito esta tan importante labor de transmitir el conocimiento a los estudiantes?
Sin duda, ser docente es una vocación y un carisma, y como tales, son regalos provenientes de Dios. Jesucristo, Dios Hijo, fue el maestro por excelencia. Sus virtudes en el desarrollo de esta faceta de su vida se convierten en estandarte del decálogo de todo docente. En primer lugar, a lo largo de su vida apostólica, el Salvador mostró gran amor y comprensión por todas las personas, sin excepción, sin preferencias, sin privilegios. Enseñó a los pobres, a los ricos, a los letrados, a los fariseos, a los rechazados y a los pecadores. Enseñó a amar a todos y a ayudarnos mutuamente. Él dijo: “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros” (Juan 13, 34).
Quiere decir que la impartición de docencia nunca puede verse como una actividad mecánica o superflua. El amor al prójimo es su columna vertebral, porque implica no reservar los conocimientos para provecho propio, sino esparcir la semilla de la curiosidad intelectual a los demás, quienes, a su vez, se convierten en tierra fértil para producir frutos, frutos que coadyuven la generación de desarrollo social y económico para el país. La mayor satisfacción de un docente no es otra que el triunfo de los alumnos en la vida profesional e, incluso, verlos ocupar importantes posiciones públicas y privadas.
El magistrado del TC boliviano, Carlos Alberto Calderón Medrano, al referirse a la formación profesional, en el libro Autonomía Universitaria y Constitución en Iberoamérica, incluye una reflexión que me parece valiosísima, la cual me permito compartir: El país requiere que los profesionales que fueron formados en la universidad aporten desde el lugar en el que se sitúen, con ideas innovadoras que tiendan a optimizar el lugar donde desempeñan sus funciones y también, si las circunstancias lo permiten, deben buscar realizar emprendimientos, de forma que, generen empleos y generen valor agregado ya no solo en las materias primas, sino también en la tecnología a través de la innovación, programación informática, creación de nuevas formas de administrar información, proyectos científicos, patentes, entre otras, aportando de esta manera al desarrollo económico y social de la población.
Bien lo decía el humanista dominicano Pedro Henríquez Ureña: “nuestra América debe afirmar la fe en su destino, en el porvenir de la civilización… En cada una de nuestras crisis de civilización, es el espíritu quien nos ha salvado, luchando contra elementos en apariencia más poderosos; el espíritu solo, y no la fuerza militar o el poder económico.” Y agregaba: “si el espíritu ha triunfado, en nuestra América, sobre la barbarie interior, no cabe temer que lo rinda la barbarie de afuera. No nos deslumbre el poder ajeno: el poder siempre es efímero. Ensanchemos el campo espiritual: demos el alfabeto a todos los hombres; demos a cada uno los instrumentos mejores para trabajar en bien de todos; esforcémonos por acercarnos a la justicia social y a la libertad verdadera; avancemos, en fin, hacia nuestra utopía.”
El docente, pues, tiene una gran proporción en este inmenso compromiso, lo que no se convertirá en una tarea difícil ni agotadora si la enseñanza universitaria se constituye en una pasión existencial y misión de vida.
La educación superior de calidad es fundamental para el desarrollo del país y conociendo su hoja de vida se nota que se ha preocupado mucho por la educación, para usted, ¿Cómo incide el acceso a la educación en el desarrollo del país y qué tan importante ha sido para usted acceder a educación superior de calidad?
Una carrera universitaria todavía sigue siendo un privilegio en nuestro país, y aunque obtenerla supone sobre todo un constante esfuerzo personal, no se puede olvidar el acompañamiento necesario de maestros, compañeros, amigos y, sobre todo, de los padres. Ser profesional implica retos, compromisos y arrojo permanente. En la época que obtuve el grado de licenciado en Derecho, la meta inicial, casi definitiva, era la obtención de un título de grado. En la actualidad, ya no basta con una licenciatura. En variados ámbitos de la vida social, empresarial, educativa, se requieren cada vez más, maestrías y doctorados.
Hay una parte importante e indelegable en este asunto del acceso a la educación superior -y de calidad-, que es el interés personal del estudiante en superarse, su fe en el triunfo, su determinación para obtener la victoria profesional. En ausencia de lo anterior se torna difícil la entrada triunfal por las puertas de la sociedad, del mercado laboral, privado o público, y también de la formación de posgrado. Siempre deben mantenerse vivos, vigentes y arraigados los valores adquiridos en nuestra formación del hogar, el sentido de la honradez, de la responsabilidad, del compromiso con la verdad y de la solidaridad con el prójimo.
Anteriormente he dicho que Duarte tenía las mismas inquietudes de ustedes -los estudiantes-, no tuvo, sin embargo, la gloria de haberse graduado de una carrera universitaria, ni siquiera la de completar la formalidad de terminar un bachillerato, como se requería. Ahora bien, la grandeza de su obra es que el ilustre patricio “se graduó de patriotismo y su tesis fue la creación de la República Dominicana”.
Sin embargo, la sociedad dominicana de hoy presenta notables desafíos. Existe un notorio contraste entre modernidad, desarrollo tecnológico y urbano, sofisticación de los medios de comunicación, notable incidencia de las redes sociales; y por el otro lado, la marginalidad y la pobreza extrema, introduciendo amenazas que tensionan la cohesión social del país y se convierten en peligrosos adversarios de la paz y la convivencia social. Por esto es necesaria la implementación y seguimiento a la ejecución de políticas públicas, que ofrezcan eficientes respuestas a las necesidades y problemas de la ciudadanía, de la juventud, partiendo de una adecuada planificación participativa que asegure eficacia y continuidad.
Sin duda, se precisa para esto volver a la génesis, a nuestro Texto Fundamental, que propugna por el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho y cuyo artículo 63 no sólo se limita a un mero reconocimiento del derecho a la educación como prerrogativa fundamental, sino que impone sus características medulares: integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas (de las propias) aptitudes, vocación y aspiraciones.
Como primer presidente del Tribunal Constitucional y su destacada trayectoria de servicio a la sociedad. Háblenos un poco de su experiencia en esta tan importante labor durante estos años, ¿Cuáles fueron sus principales desafíos y logros durante su gestión?
El Tribunal Constitucional inició sus labores con una Constitución, un ejemplar de su Ley Orgánica núm. 137-11 y 13 jueces dotados de la indudable responsabilidad de garantizar que la Constitución de 2010 se mantuviera en el sitial en la cúspide de la pirámide normativa, que los derechos fundamentales de los ciudadanos sean respetados y que cada uno de los órganos del Estado ejerza sus funciones con arreglo a los límites que la Carta Magna establece. No teníamos mesas ni sillas para trabajar, mucho menos un lugar que nos acogiera, pero ninguna de esas carencias fueron óbice para construir una justicia constitucional al servicio del pueblo. Iniciamos lo que he denominado un peregrinaje urbano, trabajando los primeros siete meses desde nuestra juramentación en la Universidad Iberoamericana (UNIBE), luego un mes en la Escuela de Graduados de la PUCMM, para concluir en la primera planta de INESPRE.
Nuestro interés en que el tribunal despegara se sobreponía a los ominosos presagios, a tal punto que a pesar de las limitaciones físicas y operativas ya descritas, el TC, casi 12 años después, se aproxima a sus 7,000 sentencias dictadas. Es de destacar que dentro y fuera del país, se aprecia el valor y los efectos positivos de las sentencias que conforman la jurisprudencia del tribunal.
En el ámbito pedagógico, el tribunal exhibe unos resultados muy significativos, traducidos en la celebración de congresos, seminarios, talleres, diplomados, concursos, competencias y una labor editorial, sin precedentes en la historia, con aproximadamente 200 títulos.
Estos logros han sido posibles, con la utilización de la planificación estratégica y la obtención de un conjunto de certificaciones de la Norma ISO, relacionadas con la gestión de calidad, la gestión antisoborno, la gestión medioambiental -y en el proceso de obtención de la certificación de cumplimiento-, privilegiando la transparencia y la rendición de cuentas.
Los estados financieros del tribunal son auditados anualmente por una firma de auditores de reconocimiento internacional y sus resultados son enviados a la Cámara de Cuentas. Todo el sistema de compras y contrataciones, con excepción de las compras menores y compras directas, son realizadas a través del Acuerdo de fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Operativa y Planificación Estratégica suscrito con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), lo que ha permitido salvaguardar los recursos que son aportados por los contribuyentes, a través del Estado dominicano.
Todo esto ha propiciado que el Tribunal Constitucional sea acreedor del inmenso grado de confianza y respeto prodigado por el pueblo dominicano, lo que lejos de convertirse en bálsamo del rezago en el ejercicio de la delicada misión que nos confiere la Constitución, se traduce más bien en la perpetuidad del compromiso de ser apóstoles de la justicia y la cultura constitucional en el país, al margen de las injerencias particulares, grupales o de los poderes públicos, nacionales o extranjeros.
Su trayectoria como servidor público ha sido encomiable ¿Cuéntenos un poco sobre su experiencia como servidor público y qué le diría a nuestros egresados para motivarlos a que se integren al servicio público sea en el Poder Judicial u otra área?
Como dije anteriormente, mi experiencia profesional ha basculado en interregnos entre el sector privado y el sector público. En el ámbito de la función pública, he aprendido que la mayor satisfacción que se puede tener, es considerarla como una oportunidad para servir a los ciudadanos. Nunca como un espacio para la búsqueda de ventajas personales, nepotismo, privilegios, tráfico de influencias y sinecuras, utilizando las prerrogativas públicas en detrimento de la ciudadanía.
A través del ejercicio digno de la función pública se hace patria. Si algo me queda de mi experiencia en el sector público es la conciencia de que todo ciudadano debe acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ella (artículo 75.1), deber que, en el caso del funcionario público, implica una estricta fidelidad a la Constitución y las leyes, que se manifiesta exteriormente en el juramento que realiza al tomar posesión de su cargo.
El juramento de un funcionario público, de un juez o de un soldado es la expresión de su fidelidad constitucional; por ello, cultura ciudadana de derechos y lealtad constitucional de los funcionarios son dos de los pilares fundamentales que requiere todo Estado constitucional.
Aunque parece que fue ayer, la primera vez que accedí a la función pública fue en 1978 -siglo pasado-, designado por el presidente Antonio Guzmán como secretario de Estado sin cartera, a los 30 años de edad. Sentí una carga pesada en las espaldas en la flor de mi juventud, sirviéndole a un gobierno que sustituyó al régimen de los 12 años del presidente Joaquín Balaguer y que abrió las puertas de la democracia, con la liberación de los presos políticos, el regreso de los exiliados y la despolitización de las fuerzas armadas. Ahí aprendí a tratar de ser puente, canal de comunicación, a cultivar la tolerancia y a trabajar sin importar la hora o el tiempo.
La Providencia me condujo a la diplomacia, a la carrera. Desde Francia, patria de los derechos del hombre y después de la mujer, me entrené en el retador y delicado mundo de la diplomacia. París, Londres, Bruselas, Luxemburgo, Belgrado, Tunisia y Angola fueron escenarios de labores ingentes en favor del desarrollo dominicano y el reforzamiento de las relaciones bilaterales y multilaterales. Este interludio fue precedido de funciones consulares en Nueva York.
En todas esas etapas, he tratado de actuar con total apego a mi conciencia temerosa de Dios, colocando el interés general sobre los intereses particulares, incluyendo los de mi familia, con profundo amor a la dominicanidad, a Samaná, al pensamiento duartiano y trinitario, con el auxilio de María de la Altagracia y siendo creyente permanente en la eternidad de la República.
Sin duda alguna, el derecho constitucional en la República Dominicana tiene un antes y un después del Tribunal Constitucional, desde su óptica ¿Cómo valora la evolución del derecho constitucional en el derecho dominicano? Y, para usted, ¿Cómo ha incidido el Tribunal Constitucional en su desarrollo?
La propulsora de todo este fenómeno ha sido la Constitución de 2010, que al decir de connotados juristas, repito, es el texto más avanzado de Iberoamérica. Hoy en día, el derecho constitucional se ha convertido en el derecho común, porque la Constitución ha impregnado el resto del ordenamiento jurídico, con un carácter expansivo, cuya fuerza normativa la erige en una verdadera regla de derecho directamente aplicable en todos los estamentos del poder y la sociedad, así como por su posición jerárquica dentro del sistema de fuentes de derecho, considerada como “norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado”. Nuestro texto constitucional aborda temas de -prácticamente- todas las ramas del derecho, lo cual obliga a reinterpretar sus principales instituciones. La actual Constitución nos permite evocar, por ejemplo, la constitucionalización del derecho civil, del derecho penal, procesal penal, derecho administrativo, derecho tributario, derecho del trabajo, derecho a la seguridad social.
Como diría el maestro Luis López Guerra: la inclusión de cualquier norma en la Constitución, independientemente de la materia sobre la que verse (…) supone su conversión en una norma constitucional, dotada de un valor más alto, y provista de la correspondiente protección. Y ello representa una profunda transmutación, al verse afectados su forma de alteración (…) sus mecanismos de protección y su relación con el resto de las normas del ordenamiento. Habrá así un «Derecho Constitucional Civil» un «Derecho Constitucional Procesal», un «Derecho Constitucional Administrativo» etc., compuesto por las normas integradas en la Constitución que contienen los principios superiores de cada sector del ordenamiento jurídico.
Es precisamente a partir de la Constitución de 2010 que la República Dominicana ingresa al concierto de las naciones que han optado por la instauración de un Tribunal Constitucional para la defensa de la supremacía de la Constitución y del sistema de derechos y libertades en ella reconocidos. La idea no era nueva en el país, pues constituía un viejo anhelo de institucionalidad democrática en torno al cual se expresaron los mayores niveles de consenso histórico por casi cuatro décadas. Sin embargo, se necesitó de un poderoso impulso social y el consenso político de respaldo para crear una jurisdicción constitucional especializada para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales (artículo 184 CRD).
El Tribunal Constitucional está situado en el vértice de la organización política del Estado, en posición de paridad con el resto de los poderes y órganos primarios establecidos en la Constitución, y cumple una auténtica función de dirección política para resguardar e impulsar las bases institucionales del Estado social y democrático que prefigura la Constitución. Con sujeción al ejercicio de la delicada misión constitucional conferida, el TC se ha convertido en un verdadero “espacio ciudadano”, donde el ciudadano tiene la llave para abrir el sistema de garantías del régimen de libertades y derechos, bajo el reconocimiento de que los engranajes de la justicia constitucional necesitan del impulso vital de una ciudadanía comprometida para fortalecer la autoconciencia cívica del ciudadano frente al poder público. Ya es común la reveladora frase “nos vemos en el Constitucional”.
Al finalizar esta etapa como gestor de este tan importante tribunal ¿Cómo visualiza el futuro del TC y qué consejos daría a los próximos jueces que ingresen a ejercer esta tan importante labor?
La mayor fortaleza del Tribunal Constitucional es su institucionalización, soportada en una dinámica fuerza de trabajo con apego a los principios éticos y la sólida formación profesional promovida por el TC; una robusta estructura administrativa; una vigorosa normativa interna; y, en la planificación estratégica. Todo lo anterior ha sido reconocido mediante un conjunto de certificaciones bajo los diferentes sistemas de la Norma ISO, lo que privilegia la transparencia de las actuaciones del TC y la rendición de cuentas al ciudadano, cuyos tributos aportan significativamente al presupuesto manejado en la institución. Sin duda, esto garantiza la consolidación del desarrollo de una jurisdicción constitucional de calidad, ausente de personalizaciones. El extraordinario esfuerzo, la consagración, la entrega total de un enorme equipo, encabezado por el Pleno de jueces, han sido pivotes esenciales para la obtención de los importantes logros y elevados porcentajes de productividad y eficacia reflejados por el tribunal, levantado desde la nada hasta convertirse en una pujante y vigorosa institución, como es hoy en día. Esto está llamado a perpetuarse, pues constituye piedra angular de la seguridad jurídica y, por ende, del Estado Social y Democrático de Derecho de nuestra nación.
No puede cuestionarse que la reconfiguración gradual en la matrícula del Tribunal Constitucional constituye uno de los aciertos contenidos en la Constitución de 2010, pues permite que la justicia constitucional pueda evolucionar controladamente a través de un diálogo interno entre la experiencia de quienes están y las expectativas con quienes entran. Esto evita dos peligros fundamentales de los que debe cuidarse cualquier Tribunal Constitucional: la petrificación de la jurisprudencia y los cambios bruscos de los precedentes. La primera impide el reajuste del derecho constitucional jurisprudencial cuando las circunstancias lo ameritan y lo segundo afecta la certeza y la previsibilidad, que son la base de la seguridad jurídica constitucional.
En la esfera administrativa, la permanencia de ocho de los trece jueces que conforman el Pleno del TC, todos conocedores a carta cabal del funcionamiento del TC, genera confianza en la continuidad de su institucionalización y en el compromiso individual de cada uno de ellos en perseverar sin descanso hacia el fortalecimiento de la justicia constitucional en la República Dominicana. Espero que el conjunto de valores que conforma a cada uno de los jueces que permanecen, no sea negociado en la independencia de sus decisiones y en la garantía del reconocimiento a los derechos adquiridos de los servidores constitucionales.
Estoy sumamente optimista en un futuro promisorio para el TC. Reitero, recae sobre el CNM la grave y colosal responsabilidad de realizar una buena escogencia, que privilegie la selección de juristas con reconocida solvencia profesional, al margen de criterios de oportunidad, partidaria, económica, ideológica o de otra naturaleza.
Mi deseo y humilde consejo a los jueces que habrán de ser escogidos, es la asunción del incólume compromiso con la nación de un ejercicio ético y honesto de sus delicadas funciones, impregnadas de un espíritu firme y democrático. Un ejercicio celosamente apegado al conjunto de principios, normas y valores constitucionales, con base al ideario de nuestros Padres de la Patria: Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez, de los próceres de la Restauración y de todos los héroes y heroínas inmortales, cuyas luchas y sacrificios produjeron el establecimiento de una República libre, independiente, soberana y democrática.
Por último, su labor en el desarrollo del derecho en la República Dominicana ha sido fundamental ¿Qué planes o proyectos tiene luego de que concluya su gestión como presidente del Tribunal Constitucional?
En mi código genético, el trabajo es un signo integral. Cuando no tengo algo que hacer, lo busco; por tanto, no podré poner fin a mis actividades permanentes, ahora me tocará reorientarlas. En consecuencia, seguiré impartiendo docencia universitaria e instalaré una oficina de consultoría jurídica, al tiempo que redacto mis memorias y algunos libros de aporte a la doctrina constitucional dominicana. Después del TC, podré dedicar más tiempo a mi familia, que se lo merece.
